La iniciativa, que complementa y perfecciona una moción parlamentaria que se tramita en el Senado, «pretende poner al alcance de los agricultores chilenos el uso de esta tecnología ampliamente difundida en el mundo, que presenta ventajas en materia de rendimientos y costos favorables para los productores. Privarlos de ella constituye sin dudas una suerte de competencia desleal», señaló el ministro de Agricultura.
El ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, anunció hoy el ingreso al Senado de una iniciativa que regula el uso de vegetales genéticamente modificados (VGM) generados a través de ingeniería genética. La indicación es producto de la labor de un equipo que trabajó durante 2010 al alero del Ministerio de Agricultura, donde participó el sector privado, gremios e investigadores, cuyo objetivo fue avanzar en una normativa legal que regule el uso de vegetales genéticamente modificados en la agricultura.
El ministro explicó que «el proyecto mejora la actual de regulación, que les corresponde a las autoridades del Ministerio de Agricultura, basada en decisiones de carácter meramente administrativas. Hoy Chile produce VGM solo para fines de multiplicación de semilla de exportación, está prohibida la comercialización y consumo en el mercado interno del producto chileno, no obstante se importan y consumen este tipo de productos».Por lo mismo, dijo, «queremos poner al alcance de los agricultores chilenos el uso de esta tecnología, ampliamente difundida en el mundo, que tiene cerca de 15 años de aplicación y que presenta ventajas en materia de rendimientos y costos favorables para los productores. Privarlos de ella constituye sin dudas una suerte de competencia desleal».
Aseguró que «el desarrollo de agricultura convencional, orgánica y de VGM, es perfectamente compatible, como ocurre en muchos países, y regular por la vía de una legislación apunta justamente a garantizar al sector productor esa compatibilidad». En ese sentido, apuntó que «el aumento sostenible de la superficie que se cultiva en Chile de VGM y que hoy alcanza más de 20 mil hectáreas, hace indispensable disponer de una normativa legal que regule estos cultivos».
Indicó además Galilea que «una ley sobre la materia es un escenario más transparente al que existe hoy, en que la autoridad regula la actividad conforme a su criterio. Permitirá que en el Parlamento se expresen todas las opiniones y que se resuelva democráticamente».
El ministro hizo hincapié en que La iniciativa que el Ministerio enviará al Parlamento «hace más transparente el proceso de autorización de estos cultivos» y que, en relación a la normativa actual, «es indiscutiblemente más participativa, permite tomar mayores resguardos y contempla información a los consumidores, hoy inexistente».
El titular del agro afirmó que «estamos seguros que en su tramitación en el Congreso se podrán expresar todas las opiniones, tendremos un debate con altura, teniendo presente que, en su momento, una moción con el mismo objetivo recibió un amplio respaldo en el Senado».
Durante la presentación del proyecto el titular del Agro estuvo acompañado de los presidentes de la Comisión de Agricultura del Senado, Alberto Espina; de la Cámara, Ramón Barros; del presidente de la SNA, Luis Mayol; del presidente de Anpros, Jean Pierre Posa y el gerente ejecutivo de dicha entidad, Mario Schindler; del dirigente de la pequeña agricultura Orlando Contreras, y de los directores nacionales de ODEPA, Gustavo Rojas, e INDAP, Ricardo Ariztía de Castro.
Antecedentes del proyecto
La indicación, que complementa y perfecciona el proyecto que actualmente se tramita en la Cámara Alta y que en su momento tuvo respaldo transversal, considera al VGM «un individuo que posee una combinación nueva de material genético, que resulta de la introducción artificial y estable de ADN recombinante en una localización determinada del genoma de una célula vegetal, mediante la utilización de ingeniería genética».
Se señala en la iniciativa que a un VGM se le pueden dar dos usos. El primero es el «uso controlado», que implica cualquier operación que cumpliendo con las medidas de seguridad correspondiente, implique la manipulación de VGM para actividades de investigación, desarrollo e innovación, producción, comercialización, almacenamiento, manipulación, utilización y disposición final de éstos. Dicho uso controlado estará regulado por un reglamento del Ministerio de Agricultura que determinará las medidas de bioseguridad que deberán cumplirse. El Ministro señaló que «se trata de un proceso transparente en el cuál se elaborará un listado oficial de avisos de uso, y que estará disponible para cualquier ciudadano que lo solicite».
El segundo uso es el de carácter «liberado», que involucra la introducción de un VGM al medio ambiente con fines diferentes a los indicados en el «uso controlado». Este uso deberá contar con la autorización del Ministerio de Agricultura, autorización que se obtendrá solo mediante una solicitud formal con todas las especificaciones del uso, análisis de riesgo y una propuesta del extracto del contenido la cual será sometida a consulta pública en la cual el SAG, el cual deberá considerar todas las observaciones realizadas al proyecto y dar respuesta fundada a cada una de ellas.
El proyecto garantiza la participación ciudadana, pues en un plazo de 30 días luego de la publicación del SAG del extracto de la declaración de admisibilidad de la solicitud de uso liberado, cualquier persona natural o jurídica podrá formular por escrito ante el SAG observaciones a la solicitud, que deberán contener los argumentos que la sustentan. «El SAG debe considerar esas observaciones como parte del proceso de autorización o rechazo de uso liberado de un VGM y deberá dar respuesta fundada a cada una de ellas».
Previo a que el Minagri autorice o rechace el uso liberado de un VMG, el SAG deberá emitir un informe con el análisis de riesgo que considerará, entre otros, el que efectuó el titular. Este informe también contendrá las observaciones de la ciudadanía.
A partir de la publicación del extracto de la admisibilidad de la solicitud de uso liberado en la página web, el Ministerio de Agricultura tendrá 60 días para resolver si autoriza o bien rechaza el uso liberado de un VGM. En casos excepciones este plazo podrá prorrogarse por otros 60 días.
Su decisión se basará en el informe de análisis de riesgo emitido por el SAG; los informes sectoriales que hubiere solicitado a los organismos competentes; la autorización de la autoridad sanitaria competente tratándose de aquellos VGM que puedan ser destinados a consumo humano, y el pronunciamiento del SAG a las observaciones que se hubieren formulado en el procedimiento de participación ciudadana.
Sobre el etiquetado, el proyecto señala que aquellos alimentos que no contengan ADN recombinante podrán tener una etiqueta con información clara, útil y entendible para el consumidor. Y que las semillas o material vegetativo genéticamente modificado deberán tener etiquetas con información sobre las características que les confiere la transformación genética.
Además, el Ministerio de Agricultura propondrá las áreas geográficas de Chile que sean centro de origen y de diversidad genética de una especie determinada. En los Centros de Origen y de Diversidad Genética, se podrán realizar actividades de uso liberado de VGM, siempre que se trate de VGM distintos a las especies que son centro de origen o de diversidad genética, o VGM de la misma especie que son centro de origen y que se demuestre que naturalmente no puedan intercambiar genes con éstas.
Un extracto de la propuesta respectiva se publicará en la web ministerial por un período de 30 días. En ese plazo, cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones, las que deberán ser consideradas y respondidas.
La iniciativa señala también que no puede liberarse un VGM en las áreas protegidas del Estado y en aquellas que se encuentren bajo alguna forma de protección oficial y cuyo objetivo sea la protección de la biodiversidad, excepto cuando ese VGM haya sido desarrollado específicamente para combatir situaciones que pudieran poner en peligro la biodiversidad.
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