La entidad manifestó su oposición a la venta de aguas tratadas por parte de empresas sanitarias y anunció que estaría dispuesta a acudir al Tribunal Constitucional.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile denunció la “seria amenaza que se cierne sobre la agricultura chilena” debido a la venta de aguas servidas por empresas sanitarias. De hecho, estaría dispuesto a acudir al Tribunal Constitucional (TC) para pedir un recurso de inaplicabilidad y evitar la privación del uso de los derechos de agua de miles de productores del país.
De acuerdo a lo explicado por la SNA esta práctica se debe a una errónea interpretación de la ley y aseguró que “la Superintendencia estaría asignando derechos de aguas al margen de la ley y sin tener facultades para ello”.
La SNA añadió que “contravino no sólo el Código de Aguas, sino también el propio marco legal que regula los servicios sanitarios”.
Actualmente la Confederación de Canalistas de Chile y la Junta de Vigilancia del Río Mapocho mantienen un proceso judicial en contra de la SISS que actualmente se encuentra en la Corte Suprema a la espera del fallo.
Según la SNA, la decisión que adopte el máximo Tribunal de Justicia “sentará un precedente vital para el futuro de la actividad”.
Al respecto, aseguró que de validarse jurídicamente la interpretación de la SISS se generarán “consecuencias nefastas” ya que “no sólo se respaldará una actuación inconstitucional de un servicio público sino que sentará un grave precedente que afectará a importantes suelos agrícolas de riego”.
Añadió que la venta de aguas servidas tratadas podría generalizarse a nivel país: ““Un dictamen a favor de la empresa Aguas Andinas significaría privar del uso de sus derechos de aprovechamiento legítimamente constituidos a todos los regantes aguas abajo de los puntos de descarga de aguas servidas y dar un golpe irreversible a la actividad agrícola del país, cuyo principal recurso es el agua”.
La oposición de la entidad se suma a declaraciones emitidas por la Federación Gremial Nacional de Productores de Frutas de Chile (Fedefruta) y la Asociación de Exportadores (Asoex), quienes también manifestaron su preocupación por la venta de aguas tratadas.
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